CONFLICTO y SALUD MENTAL
EL LADO OLVIDADO DE LA VIOLENCIA
Las cuatro valientes
Estas mujeres representan a las muchas víctimas que no recibieron tratamiento oportuno y efectivo. Con su tutela marcaron un precedente para que los demás afectados tuvieran la atención que se merecían.
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Argénida Torres perdió a su hijo pero fue revictimizada años después durante la exhumación de su cuerpo al no contar con ninguna preparación psicológica. Su caso representa el de muchas cuyo dolor se convierte en enfermedad por la falta de atención apropiada. El corregimiento de El Salado hoy se recupera lentamente de las heridas psicosociales.
Diana Redondo, María Romero, Juana Cárdenas y Argénida Torres tienen mucho en común. Entre 1999 y 2001 las cuatro tuvieron que presenciar una escalada de violencia sin precedentes en su comunidad de El Salado, un corregimiento ubicado en la región de Montes de María. El episodio más sangriento fue una masacre cometida por 450 paramilitares en febrero de 2000, quienes durante tres días sometieron a la población a una violencia desbordada: desde asesinatos, torturas, tratos crueles e inhumanos hasta violencia sexual. El saldo de víctimas fatales fue de 60.
Antes, la guerra ya había golpeado directamente a Argénida. En 1997, los paramilitares asesinaron a su hijo en el parque principal, ante lo cual la familia se desplazó a Sincelejo, donde ella solo lloraba. No comía, ni dormía.
El esposo de María fue herido en 1997 y aunque eso los hizo salir del lugar, al poco tiempo regresó. En 2000 tuvo un gran impacto emocional al presenciar la masacre. Se fue desplazada a Carmen de Bolívar y de ahí a Sincelejo. Ante la tristeza de vivir en un lugar desconocido regresó. Pero la violencia no les dio tregua y en 2002 la guerrilla asesinó a 15 personas, entre quienes se encontraba su sobrino.
Juana tuvo que presenciar las torturas a 46 mujeres, una de las cuales era su hermana, quien además fue la primera en ser asesinada en la masacre de 2000. También estuvo en los sorteos mediante los cuales los victimarios decidían quién era la siguiente víctima. Ellos se fueron después de estos hechos, pero volvieron en 2002. Por esa época su estado emocional empezó a deteriorarse: tenia insomnio, depresión, sensación de incertidumbre y vulnerabilidad.
A Diana le asesinaron a su prima en 1997 y en la masacre de 2000 torturaron y asesinaron a su sobrino y a su cuñada, y sus cuerpos tuvieron que ser enterrados en una fosa común. Al desplazarse a Carmen de Bolívar, asesinaron a un hermano y a su tío, ante lo cual se fue para Sincelejo.
Estos hechos violentos las pusieron en un mismo camino lleno de dramas pues si bien todos los saladeros sufrieron la guerra, ellas fueron las únicas que presentaron síntomas de trastornos emocionales graves. Se sentían tristes, miedosas y vulnerables. En 2007 los síntomas de todas se recrudecieron. Argénida empeoró cuando la Fiscalía exhumó a su hijo, exhumación sin que mediara preparación psicológica y ella tuvo que ver su cuerpo en estado de descomposición. Al poco tiempo no quería comer, vivía retraída y postrada en su cama. La familia buscó ayuda en el hospital de Carmen de Bolívar, pero a pesar de lo síntomas y de su trágica historia de víctima, el médico asoció su cuadro con la menopausia y le recetó vitaminas y tranquilizantes. Demostraba así claramente que los profesionales de la salud no alcanzan a dimensionar los efectos de la guerra en la población y, además, reconocen los malestares físicos pero no los de la mente.
Sus tres vecinas corrieron una suerte parecida a la de Argénida. María perdió el contacto con la realidad y Diana sufrió episodios psicóticos que le impidieron seguir ganándose la vida como madre comunitaria. En el viacrucis por los hospitales de la región las cuatro sufrieron todo tipo de tropiezos: les negaban la atención por no presentar el carné del Sisben, porque estaban inscritas como desplazadas en municipios diferentes al de la clínica que visitaban o por cualquier otra razón burocrática. Diana tuvo que pagar con los ahorros de su familia un psicólogo privado y el psiquiatra de turno que recibió a María todo lo que le dio fue una consulta de diez minutos en la que le prescribió medicamentos psiquiátricos.
Viendo que requerían atención prioritaria, en 2008 algunos psicólogos que conocieron el drama de estas cuatro mujeres les recomendaron acudir a la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, una ONG que vela por los derechos de las víctimas del conflicto armado. Al escuchar la historia los abogados de la CCJ decidieron representarlas en una tutela por violación del derecho a la salud, la cual fue negada en primera instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. Pero en su revisión, la Corte Constitucional les dió la razón a las tutelantes y sentenció garantizar su atención integral en salud y la de su red de apoyo, en este caso, la comunidad de El Salado. Pero la sorpresa de la sentencia fue que, además de esto, ordenó al Ministerio de Salud a desarrollar una política pública para atender a toda la población afectada por el conflicto en el territorio colombiano. “Hasta ese momento para las entidades de salud del Estado la atención psicosocial era una novedad, el ministerio no estaba preparado para atenderlas y, lo más grave, no entendía su importancia”, dice la abogada Mary Díaz, de la CCJ.
El caso también demostró que si bien la masacre fue el evento primario que las convirtió en víctimas, la falta de atención oportuna, el desconocimiento de la historia de violencia, los malos diagnósticos y el maltrato de las entidades de salud agudizaron sus síntomas. Según Liz Arévalo, la sentencia marcó un procedente “porque obligó al Estado a dar una atención integral a las víctimas incluso antes de que la Ley de Víctimas entrara en vigencia”. Ante esto el Ministerio de Salud diseñó por primera vez las bases de atención que servirían para el programa sicosocial que hoy se despliega en el país.
De una población de 7.000 habitantes hoy Juana, María, Argénida y Diana hacen parte de las 1.300 víctimas campesinas que retornaron para reconstruir El Salado. Aunque la sentencia es de 2010, apenas el año pasado se puso en marcha el convenio para atender a estas mujeres y a los saladeros. Según la psicóloga, ellas se han recuperado lentamente pero ya se ve un cambio. Diana dice que su nieta le ha dado ganas de vivir. Juana asiste juiciosa a sus citas cada tres meses y manifiesta que aunque ha mejorado mucho aún no puede dejar el tratamiento médico. Argénida se queja de que no le cumplen con el transporte, pues parte del compromiso del Estado es facilitar el traslado de estas mujeres a municipios donde se encuentran los centros médicos. De todas, María ha progresado menos. Su hija dice que “todavía no es la misma señora que era y que yo quisiera volver a ver”.
Aunque para ellas la atención integral ha mejorado, aún persisten las trabas para otros miembros de su comunidad. “Se estableció una ruta prioritaria para ellos pero las EPS no la cumplen y cuando van no los atienden porque los médicos están almorzando o ya se fueron”, señala Díaz. De esta forma, las víctimas dependen de una enfermera que sirve de puente administrativo entre las entidades y la comunidad y que ayuda a tramitar las citas. “Pero lo lógico es que las rutas sean claras y no se necesite de estos intermediarios para garantizar el derecho a la salud”, agrega la abogada. Y si estas son las víctimas visibles, es fácil imaginar cuál es la situación de aquellas que viven en lugares remotos de la geografía colombiana, en la sombra y el olvido.
La atención a estas cuatro mujeres durará hasta que se superen los impactos psicosociales de la comunidad. Para ellas no fue fácil hacer pública su historia pero su valentía ayudó a abrir el camino para que su comunidad y todas las víctimas del conflicto colombiano recibieran una atención en salud verdaderamente integral.
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Había una vez un valle encantado…
Testimonio de María Zabala, una mujer campesina que la guerra convirtió en ejemplo de resistencia y valor.
“Por sobrevivir, no hubo tiempo para la tristeza”
Martha Nubia Bello, trabajadora social, que ha estado al frente de la investigación en el Centro de Memoria Histórica, habla de cómo el conflicto armado ha afectado la siquis de los colombianos.
LAS CUATRO VALIENTES
Estas mujeres representan a las muchas víctimas que no recibieron tratamiento oportuno y efectivo. Con su tutela marcaron un precedente para que los demás afectados tuvieran la atención que se merecían.
LA ODISEA DEL TRATAMIENTO
La atención psicológica a las víctimas del conflicto armado ha ido más allá de sentar a los afectados en el diván de un consultorio psiquiátrico. Así es como se curan las heridas que una guerra deja en el alma.
Los terapeutas de la guerra
Líderes comunitarios, psicólogos, abogados, trabajadores sociales y médicos han tenido que aprender en el camino de política y leyes para atender a las víctimas. Esta ha sido su experiencia.
Los sobrevivientes
La guerra dejó todo tipo de huellas psicológicas. Sus víctimas cuentan cómo ha sido la recuperación.
Inocencia interrumpida
Los niños y las niñas han vivido formas inimaginables de violencia. ¿Pueden recuperarse de ese dolor?
¡Más de 2 millones de niños víctimas!
Colombia no ha medido aún el costo para la sociedad de esta cifra de niños y niñas golpeados directamente por la guerra. ¿Puede una sociedad reponerse de esa barbarie? Tres expertos responden.
Heridas universales
Nunca ha sido fácil sanar el dolor de las víctimas. Así lo han hecho algunos países.
El peso del dolor ajeno
La mayoría de los profesionales que atienden a las víctimas tiene riesgo de sufrir de un síndrome de cansancio. Expertos cuentan de qué se trata.
¿CÓMO ME SACO ESTE ODIO?
Para algunos expertos, el perdón puede jugar un papel en el proceso de recuperación individual de las heridas emocionales.
El trauma que más perdura
Los familiares de los desaparecidos cuentan cómo han hecho para no enloquecer al no tener noticias de sus seres queridos.
CRÉDITOS
Dirección y edición periodística: Silvia Camargo | Periodista: Cristina Castro | Diseño y montaje interactivo: Carlos Arango | Fotografía: Juan Carlos Sierra, León Darío Peláez, Daniel Reina, Jesús Abad Colorado, Carlos Julio Martínez | Video: Sandra Janer y Silvia Camargo, Diego Llorente, Camilo Bonilla, Alexander Guerrero.
CONFLICTO y SALUD MENTAL
EL LADO OLVIDADO DE LA VIOLENCIA
Las cuatro valientes
Estas mujeres representan a las muchas víctimas que no recibieron tratamiento oportuno y efectivo. Con su tutela marcaron un precedente para que los demás afectados tuvieran la atención que se merecían.
< Inicio
Argénida Torres perdió a su hijo pero fue revictimizada años después durante la exhumación de su cuerpo al no contar con ninguna preparación psicológica. Su caso representa el de muchas cuyo dolor se convierte en enfermedad por la falta de atención apropiada. El corregimiento de El Salado hoy se recupera lentamente de las heridas psicosociales.
Diana Redondo, María Romero, Juana Cárdenas y Argénida Torres tienen mucho en común. Entre 1999 y 2001 las cuatro tuvieron que presenciar una escalada de violencia sin precedentes en su comunidad de El Salado, un corregimiento ubicado en la región de Montes de María. El episodio más sangriento fue una masacre cometida por 450 paramilitares en febrero de 2000, quienes durante tres días sometieron a la población a una violencia desbordada: desde asesinatos, torturas, tratos crueles e inhumanos hasta violencia sexual. El saldo de víctimas fatales fue de 60.
Antes, la guerra ya había golpeado directamente a Argénida. En 1997, los paramilitares asesinaron a su hijo en el parque principal, ante lo cual la familia se desplazó a Sincelejo, donde ella solo lloraba. No comía, ni dormía.
El esposo de María fue herido en 1997 y aunque eso los hizo salir del lugar, al poco tiempo regresó. En 2000 tuvo un gran impacto emocional al presenciar la masacre. Se fue desplazada a Carmen de Bolívar y de ahí a Sincelejo. Ante la tristeza de vivir en un lugar desconocido regresó. Pero la violencia no les dio tregua y en 2002 la guerrilla asesinó a 15 personas, entre quienes se encontraba su sobrino.
Juana tuvo que presenciar las torturas a 46 mujeres, una de las cuales era su hermana, quien además fue la primera en ser asesinada en la masacre de 2000. También estuvo en los sorteos mediante los cuales los victimarios decidían quién era la siguiente víctima. Ellos se fueron después de estos hechos, pero volvieron en 2002. Por esa época su estado emocional empezó a deteriorarse: tenia insomnio, depresión, sensación de incertidumbre y vulnerabilidad.
A Diana le asesinaron a su prima en 1997 y en la masacre de 2000 torturaron y asesinaron a su sobrino y a su cuñada, y sus cuerpos tuvieron que ser enterrados en una fosa común. Al desplazarse a Carmen de Bolívar, asesinaron a un hermano y a su tío, ante lo cual se fue para Sincelejo.
Estos hechos violentos las pusieron en un mismo camino lleno de dramas pues si bien todos los saladeros sufrieron la guerra, ellas fueron las únicas que presentaron síntomas de trastornos emocionales graves. Se sentían tristes, miedosas y vulnerables. En 2007 los síntomas de todas se recrudecieron. Argénida empeoró cuando la Fiscalía exhumó a su hijo, exhumación sin que mediara preparación psicológica y ella tuvo que ver su cuerpo en estado de descomposición. Al poco tiempo no quería comer, vivía retraída y postrada en su cama. La familia buscó ayuda en el hospital de Carmen de Bolívar, pero a pesar de lo síntomas y de su trágica historia de víctima, el médico asoció su cuadro con la menopausia y le recetó vitaminas y tranquilizantes. Demostraba así claramente que los profesionales de la salud no alcanzan a dimensionar los efectos de la guerra en la población y, además, reconocen los malestares físicos pero no los de la mente.
Sus tres vecinas corrieron una suerte parecida a la de Argénida. María perdió el contacto con la realidad y Diana sufrió episodios psicóticos que le impidieron seguir ganándose la vida como madre comunitaria. En el viacrucis por los hospitales de la región las cuatro sufrieron todo tipo de tropiezos: les negaban la atención por no presentar el carné del Sisben, porque estaban inscritas como desplazadas en municipios diferentes al de la clínica que visitaban o por cualquier otra razón burocrática. Diana tuvo que pagar con los ahorros de su familia un psicólogo privado y el psiquiatra de turno que recibió a María todo lo que le dio fue una consulta de diez minutos en la que le prescribió medicamentos psiquiátricos.
Viendo que requerían atención prioritaria, en 2008 algunos psicólogos que conocieron el drama de estas cuatro mujeres les recomendaron acudir a la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, una ONG que vela por los derechos de las víctimas del conflicto armado. Al escuchar la historia los abogados de la CCJ decidieron representarlas en una tutela por violación del derecho a la salud, la cual fue negada en primera instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. Pero en su revisión, la Corte Constitucional les dió la razón a las tutelantes y sentenció garantizar su atención integral en salud y la de su red de apoyo, en este caso, la comunidad de El Salado. Pero la sorpresa de la sentencia fue que, además de esto, ordenó al Ministerio de Salud a desarrollar una política pública para atender a toda la población afectada por el conflicto en el territorio colombiano. “Hasta ese momento para las entidades de salud del Estado la atención psicosocial era una novedad, el ministerio no estaba preparado para atenderlas y, lo más grave, no entendía su importancia”, dice la abogada Mary Díaz, de la CCJ.
El caso también demostró que si bien la masacre fue el evento primario que las convirtió en víctimas, la falta de atención oportuna, el desconocimiento de la historia de violencia, los malos diagnósticos y el maltrato de las entidades de salud agudizaron sus síntomas. Según Liz Arévalo, la sentencia marcó un procedente “porque obligó al Estado a dar una atención integral a las víctimas incluso antes de que la Ley de Víctimas entrara en vigencia”. Ante esto el Ministerio de Salud diseñó por primera vez las bases de atención que servirían para el programa sicosocial que hoy se despliega en el país.
De una población de 7.000 habitantes hoy Juana, María, Argénida y Diana hacen parte de las 1.300 víctimas campesinas que retornaron para reconstruir El Salado. Aunque la sentencia es de 2010, apenas el año pasado se puso en marcha el convenio para atender a estas mujeres y a los saladeros. Según la psicóloga, ellas se han recuperado lentamente pero ya se ve un cambio. Diana dice que su nieta le ha dado ganas de vivir. Juana asiste juiciosa a sus citas cada tres meses y manifiesta que aunque ha mejorado mucho aún no puede dejar el tratamiento médico. Argénida se queja de que no le cumplen con el transporte, pues parte del compromiso del Estado es facilitar el traslado de estas mujeres a municipios donde se encuentran los centros médicos. De todas, María ha progresado menos. Su hija dice que “todavía no es la misma señora que era y que yo quisiera volver a ver”.
Aunque para ellas la atención integral ha mejorado, aún persisten las trabas para otros miembros de su comunidad. “Se estableció una ruta prioritaria para ellos pero las EPS no la cumplen y cuando van no los atienden porque los médicos están almorzando o ya se fueron”, señala Díaz. De esta forma, las víctimas dependen de una enfermera que sirve de puente administrativo entre las entidades y la comunidad y que ayuda a tramitar las citas. “Pero lo lógico es que las rutas sean claras y no se necesite de estos intermediarios para garantizar el derecho a la salud”, agrega la abogada. Y si estas son las víctimas visibles, es fácil imaginar cuál es la situación de aquellas que viven en lugares remotos de la geografía colombiana, en la sombra y el olvido.
La atención a estas cuatro mujeres durará hasta que se superen los impactos psicosociales de la comunidad. Para ellas no fue fácil hacer pública su historia pero su valentía ayudó a abrir el camino para que su comunidad y todas las víctimas del conflicto colombiano recibieran una atención en salud verdaderamente integral.
MÁS ARTÍCULOS DEL ESPECIAL
Había una vez un valle encantado…
Testimonio de María Zabala, una mujer campesina que la guerra convirtió en ejemplo de resistencia y valor.
“Por sobrevivir, no hubo tiempo para la tristeza”
Martha Nubia Bello, trabajadora social, que ha estado al frente de la investigación en el Centro de Memoria Histórica, habla de cómo el conflicto armado ha afectado la siquis de los colombianos.
LAS CUATRO VALIENTES
Estas mujeres representan a las muchas víctimas que no recibieron tratamiento oportuno y efectivo. Con su tutela marcaron un precedente para que los demás afectados tuvieran la atención que se merecían.
LA ODISEA DEL TRATAMIENTO
La atención psicológica a las víctimas del conflicto armado ha ido más allá de sentar a los afectados en el diván de un consultorio psiquiátrico. Así es como se curan las heridas que una guerra deja en el alma.
Los terapeutas de la guerra
Líderes comunitarios, psicólogos, abogados, trabajadores sociales y médicos han tenido que aprender en el camino de política y leyes para atender a las víctimas. Esta ha sido su experiencia.
Los sobrevivientes
La guerra dejó todo tipo de huellas psicológicas. Sus víctimas cuentan cómo ha sido la recuperación.
Inocencia interrumpida
Los niños y las niñas han vivido formas inimaginables de violencia. ¿Pueden recuperarse de ese dolor?
¡Más de 2 millones de niños víctimas!
Colombia no ha medido aún el costo para la sociedad de esta cifra de niños y niñas golpeados directamente por la guerra. ¿Puede una sociedad reponerse de esa barbarie? Tres expertos responden.
Heridas universales
Nunca ha sido fácil sanar el dolor de las víctimas. Así lo han hecho algunos países.
El peso del dolor ajeno
La mayoría de los profesionales que atienden a las víctimas tiene riesgo de sufrir de un síndrome de cansancio. Expertos cuentan de qué se trata.
¿CÓMO ME SACO ESTE ODIO?
Para algunos expertos, el perdón puede jugar un papel en el proceso de recuperación individual de las heridas emocionales.
El trauma que más perdura
Los familiares de los desaparecidos cuentan cómo han hecho para no enloquecer al no tener noticias de sus seres queridos.
CRÉDITOS
Dirección y edición periodística: Silvia Camargo | Periodista: Cristina Castro | Diseño y montaje interactivo: Carlos Arango | Fotografía: Juan Carlos Sierra, León Darío Peláez, Daniel Reina, Jesús Abad Colorado, Carlos Julio Martínez | Video: Sandra Janer y Silvia Camargo, Diego Llorente, Camilo Bonilla, Alexander Guerrero.