Pese a que de la Cumbre de Río no saldrán grandes acuerdos, Colombia está a punto de anotar allí el logro “diplomático, político y ambiental más importante de su historia”. Así describe el ministro de Medio Ambiente, Frank Pearl, el significado que tendría la cruzada que ha liderado el país para que se adopten unos Objetivos de Desarrollo Sostenible que complementen los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es decir, que los líderes mundiales acuerden que tener metas en materia de océanos, energías renovables, seguridad alimentaria y agua, entre otros, son fundamentales para poder seguir habitando un planeta que se está agotando. De concretarse, el gobierno estará frente a un enorme dilema: ser el líder mundial del debate del desarrollo sostenible, mientras está en mora de dar esa misma pelea en Colombia.

 

Lo anterior no le resta importancia a la batuta diplomática que hoy lleva Colombia. En los últimos años, las negociaciones internacionales de medio ambiente han fracasado, y que una idea colombiana logre un consenso tiene mucho mérito. El gobierno ha hecho una ambiciosa campaña internacional, con viajes desde Nairobi hasta Nueva York, y hoy casi todos los medios internacionales registran que este será el único logro de Río+20. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dice que estos objetivos serán uno de los cinco legados de su administración.

 

Paradójicamente, el liderazgo de este debate por fuera no ha sido el mismo adentro. Colombia está en mora de definir cuál es la vía del desarrollo a la que le está apostando: si la que se basa en la explotación de sus recursos naturales o la que busca conservarlos.

 

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El mayor desafío está en cómo se resuelva el tema de la minería. En los últimos años el país expidió cerca de 9.000 títulos sin ningún control, más de 400 en zonas de páramos, 34 en parques naturales y 108 en reservas forestales. Y a pesar del enorme debate que han generado proyectos como el del páramo de Santurbán, que estos títulos no hayan sido aún declarados nulos demuestra que ni el gobierno tiene la claridad para priorizar el medio ambiente frente a los intereses privados ni las autoridades ambientales los dientes para lograrlo. Por otro lado, la magnitud del impacto que tiene la minería ilegal y el creciente tráfico de coltán y de oro en el Amazonas y en el Chocó no solo le deja daños ambientales irreparables sino que provee cuantiosa financiación a los actores armados.

 

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Pero la minería no es el único desafío. La semana pasada se conoció que Colombia pasó del puesto diez al 27 en el índice de desempeño ambiental que hace la Universidad de Yale. Entre 2005 y 2010, Colombia perdió 2.380.000 hectáreas de bosque, una superficie del tamaño del departamento de Cundinamarca. Y un reciente informe de Usaid reveló que, de seguir ese ritmo, en 2030 una quinta parte del Amazonas colombiano habrá desaparecido.

 

El país ha hecho un enorme esfuerzo en tener políticas de conservación, pero le falta meterse la mano al bolsillo para garantizarlas. Más de 10 por ciento del territorio nacional son parques naturales, pero el presupuesto para cuidar esta vasta extensión, de donde sale el agua para 25 millones de colombianos, apenas es de 30.000 millones anuales. Faltan tantos funcionarios que apenas hay un guardaparques por cada 25.000 hectáreas.

 

La historia ha demostrado que en términos ambientales no hay nada que transforme más al país que una cumbre internacional. Luego de la de Estocolmo, en 1972, se formuló un Código de Recursos Naturales y reformó el Inderena. Y a raíz de la de Río, en 1992, se crearon el Ministerio de Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental. Si en Río+20 sucede algo similar y esos objetivos de desarrollo sostenible se concretan en Colombia, el aporte que esta cumbre tenga para el país también puede ser el logro político y ambiental más importante de su historia reciente.

 

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