Aunque el tercer punto de la agenda, fin del conflicto, conserva el espíritu del primer acuerdo, se acataron varias propuestas de los voceros del No. Ajustes a la Comisión de Garantías y menos financiación fueron algunos de los temas que se incluyeron.
El camino que recorrerán el Gobierno y las FARC para ponerles fin a 52 años de conflicto sigue siendo el mismo. Contadas transformaciones –en el grueso de la agenda– sufrió durante la renegociación el punto que cobija el cese del fuego bilateral y la reintegración.
Su implementación, que derivará directamente en el silenciamiento de los fusiles y el tránsito de los guerrilleros a la vida civil, sigue ceñido al cronograma que anunciaron el pasado 23 de agosto el presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de la guerrilla, Rodrigo Londoño, Timichenko.
Tanto los protocolos que delimitan la tregua bilateral y definitiva como los tiempos de la dejación de armas y la participación de una misión de la ONU –veedora de ambos procesos– conservan en el papel los detalles que se establecieron cuando se anunció el acuerdo por primera vez.
Aunque la reintegración política sigue siendo la esencia del acuerdo de paz, se incorporaron ajustes –producto de las observaciones que hicieron los voceros del No– en cuanto a la necesidad de especificar el papel de las ECOMUN y su vínculo con los organismos estatales ya creados. Además, se cerró la puerta a la posibilidad de que los miembros de las FARC tengan representación en la Comisión de Garantías y Seguridad que luchará contra las organizaciones criminales.
Lo que quedó consignado en el punto del fin del conflicto recoge las garantías y la ruta que tendrá que seguir el país para que la guerra finalmente termine.
¿Qué cambió?
Dejación de armas:
Se redujo el número de las Zonas Veredales. Ya no son 23 puntos de concentración en los que se ubicarán las FARC, sino 20, la misma medida se aplicó a los Puntos Transitorios de Normalización, que pasaron de ocho a siete.
Precisión:
Se introdujeron modificaciones en el mandato del mecanismo de monitoreo y verificación en cuanto al código de solución de controversias y en términos de seguridad para los funcionarios que participan en los procesos de cese del fuego, fin de hostilidades y dejación de armas, y para los integrantes de las FARC y la población civil.
Menos financiación:
Se redujo la financiación que se había acordado para el partido o movimiento político que surja una vez las FARC dejen las armas. No recibirán una suma equivalente al 10 % anual de la apropiación presupuestal para el financiamiento de los partidos, sino el mismo monto que estos reciben actualmente.
Advertencia:
Los recursos de cooperación internacional del partido político que surja de las FARC no se podrán utilizar para campañas electorales.
Respaldo:
El apoyo estatal al Centro de Pensamiento y formación política, que tendrá como propósitos adelantar estudios e investigaciones sociales y programas de formación, pasará del 5 % anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos, al 7 % entre la fecha del registro y el 19 de julio del 2022.
Seguridad Social:
Se acordó, excepcionalmente, establecer un sistema especial que trate enfermedades graves de alto costo y la rehabilitación de lesiones derivadas del conflicto, soportado en el apoyo nacional y extranjero que administrará el Consejo Nacional de Reincorporación.
Milicias:
Un listado total de hombres armados y desarmados deberán entregar las FARC al Gobierno. Es decir, la guerrilla deberá entregar los nombres de los hombres que componen las milicias. El Gobierno, por su parte, se compromete con establecer un procedimiento expedito para su tránsito a la vida civil, en la medida en que los delitos sean amnistiables. De no ser así, quedarán sujetos a los trámites de la Jurisdicción Especial de Paz.
Veeduría:
La cooperativa de economías sociales del común (ECOMUN) que pueda surgir una vez empiece la transición de las FARC a la vida civil, se articulará a las instituciones ya existentes. Tendrá que presentar informes periódicos de ejecución de recursos al Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).
Infancia:
Infancia: Los menores que hagan parte de las FARC no sólo podrán acceder a los derechos y beneficios de la Ley de Víctimas, sino también a todos los derivados del proceso de reincorporación contemplados en el acuerdo. Se buscará especialmente su reagrupación familiar.
Compromiso:
Se agregó un parágrafo en el que los excomandantes guerrilleros se comprometen a trabajar por la correcta ejecución de lo pactado, para así garantizar el éxito del proceso de reincorporación de las FARC a la sociedad.
Sin participación:
En este nuevo acuerdo se excluyó la participación de las FARC en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que se reunirá cada mes.
Aunque se podrá invitar voceros de los partidos, se descartó el ingreso directo de dos miembros de esa guerrilla en la comitiva que se encargará de diseñar las políticas para combatir las organizaciones criminales.
Articulación:
La Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de organizaciones criminales indagará de la mano de la Fiscalía –ente investigador a la que pertenece– problemáticas que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Su director ejercerá durante un período de cuatro y no de seis años. Será nombrado por el fiscal, de una terna que presentará el Comité de Selección de la Jurisdicción Especial de Paz.
Garantía:
Aunque se había contemplado que algunos miembros de las FARC harían parte del Cuerpo de Seguridad y Protección que se encargará de velar por la seguridad de los directivos del nuevo movimiento o partido que cree esa guerrilla, ahora se deberá verificar la idoneidad psicológica de cada uno de ellos.
Medida:
El Gobierno se compromete a presentar un proyecto de ley para promover el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales, mediante el Fast Track. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad diseñará estas políticas. Definir el tratamiento específico para los miembros de estas organizaciones criminales. Aunque dichas medidas nunca significarán reconocimiento político.
Aclaración:
En cuanto a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, se establece que cuando se hace referencia a “medidas inmateriales” para la protección de los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja de la transformación de las FARC, se deben entender las medidas de prevención y contra la estigmatización.
Lo que causará polémica: curules para las FARC
El punto de participación política quedó intacto. Las FARC tienen aseguradas cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara. Las críticas de que los guerrilleros involucrados en delitos de lesa humanidad no deben llegar a cargos de elección popular inmediatamente, sino después de haber cumplido su pena, no tuvieron eco.
Aunque uno de los mensajes más robustos que se transmitieron durante la campaña del plebiscito fue el dinero que recibirán los excombatientes como parte del proceso de reintegración, la observación no fue incluida por los voceros del No. En ese sentido, el tema tampoco se tocó. El problema es que la reintegración llega en un momento débil para las finanzas del país y con el paso del tiempo puede causar algo de ruido.
