Con 1,5 millones de consumidores de drogas, según el último estudio de Planeación Nacional, Colombia subió al cuarto lugar de los países con más consumo en América Latina. En cultivos y producción de cocaína el país a ocupado los primeros lugares desde hace varios años. Esto quiere decir que en todas las etapas de la cadena del narcotráfico, el país se mantiene en alerta roja. Dicha situación llevó a que el Estado colombiano anunciara un giro en su política de lucha contra las drogas. También a que le dedicara un capítulo de la negociación con las FARC a la búsqueda de una solución a este flagelo que golpea la cultura, la economía y la seguridad de los territorios.
La suspensión de las aspersiones aéreas con glifosato y el incremento de las áreas cultivadas con coca impactaron los resultados del plebiscito para la paz. Esto obligó a las partes –gobierno y guerrilla- a precisar algunos aspectos del acuerdo en esta materia.
El nuevo Acuerdo mantiene sus líneas principales: alternativas al encarcelamiento para los eslabones más débiles a la cadena, el consumo tratado como un problema de salud pública y llevar desarrollo integral a las regiones para desplazar una economía dependiente de los cultivos ilícitos. Sin embargo, reaparece la posibilidad de que el gobierno use las aspersiones aéreas en el futuro.
Los puntos que cambian en el nuevo acuerdo
1. Verdad exhaustiva y detallada sobre cultivos ilícitos
En el nuevo Acuerdo se incluyó una disposición que establece que todos aquellos que participen de la Jurisdicción Especial para la Paz deben entregar información “exhaustiva y detallada” sobre la siembra de cultivos ilícitos y sus derivados. Esto es zonas de cultivo, rutas empleadas, redes de lavado, cadena logística, entre otros. Esta información debe servir para brindar elementos necesarios sobre conductas delictivas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes de las que tengan conocimiento para atribuir responsabilidades. Todo ello debe contribuir a garantizar los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición.
2. Sustitución para cultivadores y no cultivadores de siembras ilícitas
Dado que los programas de sustitución de cultivos podrían crear incentivos para que campesinos siembren coca, para luego recibir los beneficios de estos programas en el marco de la implementación del nuevo acuerdo de paz, se amplía el apoyo del Estado también a quienes no tienen cultivos de uso ilícito. Así la oportunidad se centra en el territorio que sufre un rezago en el desarrollo y no en las personas. Esto genera una mayor igualdad en las oportunidades de desarrollo rural.
El acuerdo establece que la construcción conjunta toma como base la decisión de las comunidades —hombres y mujeres— de abandonar estos cultivos y transitar mediante la sustitución hacia otras actividades económicas. Y que la concertación con las comunidades es prioritaria para planificar y establecer los lineamientos de ejecución y control del Programa en el territorio.
3. Formalización de la propiedad a cambio de territorios libres de ilícitos
El nuevo acuerdo establece que el Gobierno adecuará la normatividad para que las titulaciones de tierras se hagan bajo la condición de que no haya cultivos de uso ilícito en ellas ni resiembra. Esto va en contravía de experiencias exitosas, como la de Nariño, donde la titulación de predios ayudó a que disminuyera un 70% la siembra de coca. Según estudios sobre esta materia, cuando un campesino tiene un título de propiedad evita sembrarlo de cultivos ilícitos por miedo a perder su territorio. El acuerdo establece que además de la formalización se debe también llevar opciones de desarrollo legales. También indica que se acelerarán los procesos de formalización en áreas donde se cumplan con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en los términos que indica el Plan de Formalización Masiva de la propiedad.
4. Renuncia de la acción penal a favor de cultivadores
Aduciendo razones de seguridad nacional, varios líderes del No criticaron que el Estado renunciara a la acción penal efectiva contra los cultivadores, tal como estaba en el acuerdo de paz firmado en septiembre. Sin embargo, la mesa de negociaciones escogió la propuesta intermedia, promovida por el senador Carlos Fernando Galán de Cambio Radical.
Es así como el nuevo acuerdo establece que el Gobierno tramitará los ajustes normativos necesarios que le permitan renunciar de manera transitoria al ejercicio de la acción penal con beneficio de todos aquellos cultivadores de ilícitos que manifiesten en un término de dos años, contados a partir de la entrada en vigencia de la norma, que desean entrar en los programas de sustitución. Además, el Gobierno se compromete a extender el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito con el fin de que se puedan celebrar los acuerdos con las comunidades e iniciará su implementación efectiva. También incluye una cláusula que establece que este tratamiento podrá ser revocado por reincidencia en cualquier actividad relacionada con el narcotráfico.
5. Papel de la familia y de la religión para prevenir el consumo de drogas
El nuevo acuerdo robustece el papel de la familia y de los grupos religiosos, de manera que las accione que se implementen en materia de consumo responderán a las realidades de los consumidores y las consumidoras, con el fin de que éstas sean efectivas y sostenibles. El documento indica que se deberán identificar factores de vulnerabilidad asociados a edad, sexo, orientación sexual e identidad de género diversa, condición de discapacidad, condición socioeconómica y ubicación geográfica o pertenencia a la población LGBTI, entre otros. También se deberán diferenciar las necesidades de los adolescentes en zonas rurales y urbanas. Así como también se deberá tener en cuenta la relación entre el consumo de las drogas ilícitas y la violencia de género contra la mujer.
Lo que causará polémica: suspensión, por ahora, de la aspersión aérea
Tres factores han hecho que el gobierno colombiano suspendiera la aspersión aérea con glifosato. Uno, el concepto de la Organización Mundial de la Salud en el sentido de que ésta sustancia es potencialmente cancerígena. Segundo, el reconocimiento del daño y la reparación que causaron las fumigaciones de Colombia en territorio ecuatoriano, y la evidencia de que las fumigaciones no son ya efectivas para la realidad de los cultivos de coca en Colombia, cada vez más dispersos. La decisión se tomó además atendiendo fallos del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
Sin embargo, varios líderes del No consideraron que la suspensión de las fumigaciones provenía de una interpretación de lo pactado en La Habana en esta materia y por eso solicitaron que “hacer explícito el derecho que le asiste al Estado para emplear por razones de seguridad nacional, la aspersión aérea. En este punto se debe considerar la propuesta del Fiscal General de la Nación de reanudar de manera inmediata la aspersión aérea con glifosato”.
En este orden de ideas, el nuevo acuerdo precisa que “de no ser posible la sustitución, el Gobierno no renuncia a los instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la aspersión, para garantizar la erradicación de los cultivos de uso ilícito”.
