Los cambios en el punto de tierras están enfocados a dejar en claro que la Reforma Rural Integral (RRI) no estará en contra de la propiedad privada y del desarrollo de la libre empresa en el campo
Investigadores, intelectuales y académicos han señalado que el problema agrario (la falta de una reforma agraria que democratice el acceso a la tierra y que cierre las brechas sociales en el campo) ha sido una de las principales causas del conflicto armado. De hecho, sugieren que la creación de las FARC estuvo profundamente relacionada con este problema. Por eso, uno de los primeros puntos negociados entre el gobierno nacional y la guerrilla fue el de un Plan Integral para el Desarrollo Rural.
En el primer acuerdo, los negociadores se comprometían a superar la brecha de pobreza y desigualdad que hoy existe en las regiones tanto en lo social como en lo económico y político.
Convinieron que solucionar el problema agrario no solo se limitaba a dar acceso a la tierra, aunque este aspecto es su columna vertebral, sino que reconocía la necesaria inversión en infraestructura, comercio, educación, participación, ciencia y tecnología, etcétera.
Los líderes del No cuestionaron algunos aspectos de este punto, por considerar que atentaban contra la propiedad privada y la agroindustria. Por eso, se incorporaron varios ajustes y precisiones que evitaran interpretaciones en ese sentido.
Con el propósito de dejar en claro que en La Habana no se acordó ni colectivizar la tierra, ni perseguir la inversión privada y los proyectos agroindustriales, el gobierno y las FARC realizaron las siguientes modificaciones, que entre otros asuntos, también buscan mejorar el tema de la inversión de recursos por parte del Estado, para evitar en un futuro la ruptura de la regla fiscal.
1. Desarrollo integral del campo
En el punto sobre tierras se incluye uno nuevo denominado ‘Desarrollo integral del campo’, en el que queda explícito que el desarrollo del agro dependerá de un adecuado equilibrio entre las formas de producción existentes (agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala). Además hace énfasis en promover la competitividad, la inversión en el campo con visión empresarial y fines productivos, y el encadenamiento de la pequeña producción rural con otros modelos de producción.
2. Defensa de la propiedad privada
A lo largo de las páginas del acuerdo y de manera reiterativa en el documento se explicita que nada de lo pactado puede afectar la propiedad privada. Y que si hay procesos de expropiación administrativa por motivos de interés social, se aplicarán conforme a la Constitución y a las leyes vigentes.
Con el fin de proteger la seguridad jurídica en la propiedad de tierras, se acuerda la creación de un grupo de tres expertos nombrados por el gobierno en un plazo no mayor a tres meses, luego de la firma del acuerdo. Ellos tendrán la responsabilidad de sugerir reformas que permitan, regularizar los derechos de propiedad de los dueños, ocupantes y poseedores de buena fe.
3. Ampliación del tiempo para la aplicación de la reforma rural integral
Para implementar los puntos ‘Fondo de tierras’ y ‘Formalización masiva de la propiedad rural’, los negociadores amplían en periodo de 10 a 12 años. También se especifica que la meta de formalización de la propiedad rural se cumplirá dentro de los primeros diez años y la formalización en los programas de desarrollo con enfoque territorial dentro de los próximos siete años.
4. Otros mecanismos para promover el acceso a la tierra
Con el fin de proteger a los pequeños y medianos productores y fortalecerlos, la RRI promoverá otras formas de acceso a tierras como la asignación de derechos de uso, en particular para pequeños y medianos productores. Además el gobierno se compromete a otorgar subsidios integrales y a abrir una nueva línea de crédito especial para la compra de tierras.
5. Ajustes a los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET)
Uno de los ejes del punto de tierras son los PDET, sin embargo una de las críticas a este mecanismo de desarrollo rural, era que podrían vulnerar el mandato de las autoridades ejecutivas y legislativas. Para solucionar estos cuestionamientos, el gobierno y las FARC dejaron de manera explícita que los PDET no pueden ir en contra de los planes de desarrollo territorial y que tampoco pueden limitar las competencias de los gobernantes y los órganos colegiados.
6. Ampliación de los plazos para la aplicación de los planes nacionales para RRI
Como un mecanismo de responsabilidad económica y fiscal, en el acuerdo se extiende el plazo de 10 a 15 años para reducir en un 50 por ciento la pobreza rural, que es uno de los objetivos de planes nacionales para RRI. Sin embargo, deja claro que los mayores esfuerzos se deben hacer dentro de los primeros cinco años.
7. Promoción de la competitividad
Para promover el desarrollo económico rural, asegurar la participación de todos sus actores e insertar el agro colombiano al mercado internacional, el gobierno y las FARC incluyeron un nuevo punto en el que se comprometen a patrocinar las alianzas entre pequeños, medianos y grandes productores, así como con procesadores, comerciantes y exportadores.
Lo que causará polémica: La formalización de títulos
Colombia es un país que todavía no cuenta con un sistema moderno de titulación de tierras. A lo largo de más de medio siglo ha sido imposible crear un catastro de tierras fiable y la formalización de títulos también es una tarea por hacer. A este problema se sumó que durante los años del auge de la violencia paramilitar, millones de hectáreas fueron usurpadas de manera ilegal a pequeños y medianos campesinos.
El desorden que hay en el régimen de propiedad de tierras en el campo dificulta la diferenciación de poseedores de buena fe de los de mala fe, y como se ha visto en las protestas de propietarios en contra de la Ley de Tierras, todavía no hay mecanismos expeditos para hacer esta identificación.
Además, la ausencia de catastro rural también ha fomentado la evasión de impuestos por las propiedades, lo que ha beneficiado a muchos terratenientes, por eso para ellos una formalización de los títulos y la modernización del catastro iría en contra de sus intereses. No sería raro que en el momento de implementar la formalización de títulos, que involucrará 7 millones de hectáreas, haya oposición de ciertos sectores del campo colombiano.
